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México

Autoridades aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato

Un operativo conjunto en San José Iturbide permitió la clausura de instalaciones clandestinas dedicadas al almacenamiento masivo de combustible.

Redacción El Registro
Foto: lopezdoriga.com

Autoridades federales y estatales realizaron este viernes un operativo de alto impacto en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, donde lograron el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo. La acción, ejecutada en un predio ubicado en la localidad de La Fragua, permitió la clausura de instalaciones que contaban con infraestructura compleja para el almacenamiento y posible procesamiento de combustibles de origen ilícito.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Fiscalía General de la República, quienes rodearon el inmueble tras recibir reportes sobre actividades sospechosas en la zona. El volumen del material confiscado representa uno de los golpes más significativos contra el mercado negro de hidrocarburos en la región del Bajío durante el presente año, afectando directamente la capacidad operativa de las redes delictivas locales.

Tras el aseguramiento, los agentes federales procedieron al resguardo del sitio para facilitar el trabajo de los peritos, quienes recolectan evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, aunque el predio ha quedado bajo disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias necesarias que permitan identificar a los responsables de esta infraestructura.

Este operativo se suma a las estrategias implementadas por el Gobierno Federal para combatir el robo de combustible, un fenómeno que ha mantenido presencia en el estado de Guanajuato debido a la infraestructura de ductos de PEMEX que atraviesa la entidad. Las dependencias involucradas mantienen un despliegue de seguridad en el perímetro para garantizar que las instalaciones clausuradas no sean reactivadas por grupos criminales.

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